
La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, expuso en Perú el alcance de la nueva Política Nacional de Competencia
La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, expuso en Perú el alcance de la nueva Política Nacional de Competencia, destacando que esta herramienta estratégica evidencia el compromiso de República Dominicana con la construcción de mercados más justos, abiertos y eficientes.
Durante su participación en el Día Nacional de la Competencia de Perú, en el seminario “Compartiendo experiencias internacionales en el fortalecimiento de la institucionalidad de libre competencia”, organizado por Indecopi, Vásquez Taveras afirmó que la política, promulgada mediante el Decreto 196-25, trasciende lo económico y abraza una visión transformadora para el país y la región.
En su ponencia, la funcionaria explicó que la Política Nacional de Competencia establece las bases para la creación de un Sistema Nacional de Competencia que articule al Gobierno, el sector privado, la academia y la sociedad civil, con el propósito de promover y proteger la libre y leal competencia.
Asimismo, resaltó que la política incorpora una dimensión innovadora al reconocer la igualdad de género como un elemento clave para garantizar mercados más eficientes, comprometiendo al país a prevenir y sancionar prácticas anticompetitivas basadas en sesgos discriminatorios.
Vásquez Taveras agregó que la iniciativa busca fomentar una auténtica cultura de competencia mediante acciones de sensibilización, educación y simplificación normativa, que impulsen la innovación, la eficiencia empresarial y la protección efectiva del consumidor.
La presidenta de ProCompetencia puntualizó que la política se sustenta en tres objetivos principales: promover la productividad en sectores clave, eliminar distorsiones en los mercados y avanzar hacia una mayor transparencia y simplificación administrativa.
Subrayó que esta política envía una señal clara sobre el compromiso del Gobierno con la promoción de mercados donde predomine la libre y leal competencia.
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