Ley de Trata no cambiará reglas migratorias del país

Santo Domingo.-La trata de personas es uno de los delitos más graves, pues implica una violación elemental a la dignidad del ser humano y, por tanto, su prevención y sanción es una prioridad para toda la humanidad. Las víctimas son personas que han sido captadas y retenidas, mediante el uso de la violencia o el engaño, por individuos o grupos delictivos con fines de explotación o esclavitud.

Por ejemplo, en 2016, las autoridades dominicanas rescataron a 42 venezolanas y colombianas que estaban siendo explotadas sexualmente por una red criminal en la ciudad de Santiago.

Debido a las insuficiencias del sistema y la obsoleta Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, que no proporciona las medidas o el personal adecuado, las abogadas del ministerio público encargadas del llamado caso Casablanca tuvieron que brindar ellas mismas los cuidados y protección a las víctimas, encerrándose junto a ellas, a riesgo personal, en una vivienda incautada durante dos semanas. Esto fue necesario para que las víctimas pudieran presentar sus testimonios en el caso, antes de regresar a sus países.

Es importante resaltar que, en los cinco años anteriores a 2022, en el país se identificaron y atendieron 900 víctimas de trata, y que, de acuerdo a un estudio en once municipios, en los años 2020 y 2021, el 68% de las víctimas de trata eran de nacionalidad dominicana (es decir trata interna), el 16% eran venezolanas, el 8% colombianas, el 4% estadounidenses y solo 4% haitianas (Tejeda, Vargas y Martine, 2022, “Luchar contra la marea”: Estudio sobre trata de personas en once municipios de República Dominicana).

Debido a las severas deficiencias de la Ley 137-03, el gobierno dominicano viene elaborando, desde 2019, un nuevo anteproyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, en el marco de la Comisión Interinstitucional contra la Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes dominicana (CITIM).

Los principales parámetros internacionales utilizados por la CITIM en el anteproyecto surgen de la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (Convención de Palermo, ratificada por 190 Estados de 193 que integran la ONU) y sus protocolos contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, adoptados por la ONU en diciembre de 2000, y ratificados por el gobierno dominicano en 2006 y 2007. No sería ocioso preguntar ¿quién era el presidente en esos años? Asimismo: ¿quién gobernaba en 2007 cuando el Poder Ejecutivo creó la CITIM?