Solicitan a la DIGEIG investigar altos funcionarios del Ministerio de Educación

Santo Domingo- La editora Actualidad Escolar 2000 pidió este miércoles a la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, que investigue la participación del ministro de Educación y de otros funcionarios en la elaboración de la ordenanza 03-22, la cual dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto y materiales para la enseñanza.

«Las actuaciones del Ministro de Educación, Ángel Hernández y del director de la recién creada Unidad Editorial, Manuel de Jesús Núñez Asencio, violan al régimen ético, disciplinario y la política nacional de “datos abiertos” del Estado dominicano, razón por la cual deben ser investigados por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG)», dice la editora en una nota de prensa.

Asimismo, solicitó que indagar la dualidad de cargos que ostenta el director de la Unidad Editorial de Educación y la «obstaculización por parte del MINERD de la necesaria publicidad y transparencia” de los contratos realizados en el marco del proyecto “Libro Abierto”.

Según la denuncia interpuesta por la casa editorial “la consecuencia lógica de la participación protagónica, que no tangencial, del ministro Ángel Enrique Hernández Castillo en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022, simple y llanamente vulnera el principio de imparcialidad y objetividad y transgrede los deberes y prohibiciones contemplados en la Ley núm. 41-08”.

Agrega que el ministro Hernández, a través del proyecto Libro Abierto, ha procurado que los libros de texto y materiales para la enseñanza sean producidos por universidades, intelectuales y academias, sustituyendo así la actividad de las empresas editoras.

“Por lo que resulta totalmente inexplicable, desde el ámbito del derecho, el plan antiético del señor Ángel Enrique Hernández Castillo de sustituir toda la industria editorial para que esta sea asumida por universidades, intelectuales y academias cuyas adjudicaciones y arbitraria selección ha sido oportunamente denunciada por Actualidad Escolar ante la Dirección General de Contrataciones Públicas” indica la editora.

Puntualiza el documento que el ministro de Educación deliberó y participó en la elaboración de la Ordenanza núm. 3-2022, mediante la cual se dispuso la contratación de universidades para la producción de libros de texto y materiales para la enseñanza, sin advertir el evidente conflicto de interés existente entre el ministro y los agentes del sector de la educación superior, del cual éste proviene.